Ahir vam tenir una altra novetat a cop de decret: les conques hidrogràfiques "vigilarà" les conques hidrogràfiques, resumint l´Estat continua recentralitzant les competències. Ara amb un recurs bàsic com és l´aigua i obre el camí a nous transvassaments.
El Estado vigilará las cuencas hidrográficas en detrimento de las autonomías
El Gobierno también ha dejado claro que dará concesiones "a terceros" para un mejor "aprovechamiento de los recursos hídricos"
Medio ambiente | 04/05/2012 - 14:11h | 04/05/2012 - 16:45hBarcelona. (Redacción). El Consejo de Ministros ha decidido este viernes, a través de un nuevo Real Decreto, que el Estado pasará a vigilar las cuencas hidrográficas (acción que hasta ahora era competencia de las Comunidades Autónomas). Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. Con esta decisión, el Gobierno anula una norma del anterior Ejecutivo socialista que permitió a las comunidades autónomas asumir la competencia de las aguas en sus territorios.
"Cada Comunidad Autónoma asumía la competencia sancionadora en la parte de la cuenca que pasaba por su territorio. Ahora, el Estado asumirá íntegramente esta gestión policial en las confederaciones hidrográficas", ha dicho Santamaría. "La idea es evitar duplicidades y solapamientos", ha añadido.
Ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas.
Privatización parcial del control de los recursos hídricos
Santamaría también ha anunciado una más que probable privatización, seguramente parcial, en el control del aprovechamiento de los recursos hídricos. En este sentido, la vicepresidenta ha anunciado posibles concesiones "a terceros" para "evitar la sobreexplotación".
Simplificación de las calificaciones de espacios protegidos
Por otro lado, la vicepresidenta ha explicado que el Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta "especialmente" a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
Esta modificación que se incluye en el Real Decreto Ley pretende evitar "duplicidades y solapamientos" que estaban perjudicando a la gestión municipal y de los usuarios en las zonas protegidas, ya que en un mismo espacio natural se podían dar a la vez distintas figuras de protección, lo que provocaba una "gran complejidad" sobre el régimen jurídico aplicable o la administración competente en su gestión.
"El Real Decreto Ley establece una coordinación de todas esas calificaciones con participación de los municipios afectados en la calificación y la gestión que puede hacerse", ha apuntado.
Por otro lado, Sáez de Santamaría ha manifestado que el Real Decreto Ley "abre la senda" a la simplificación de los procedimientos administrativos en garantía de la unidad de mercado.
La gestión de los residuos también sufrirá alguna modificación a través de este nuevo decreto. Hasta ahora, ha explicado Santamaría, cuando se llevaba a cabo un transporte de residuos de un punto a otro, era necesario notificarlo a la Comunidad Autónoma de origen y a la de destino. "Esto presentaba múltiples dificultades", ha dicho Santamaría. A partir de ahora, habrá "una notificación única", ha sentenciado.
Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y
Suelos Contaminados para "simplificar y reducir" las cargas
administrativas que estaban provocando "incertidumbre e inseguridad"
en la aplicación de la norma.
Concretamente las principales modificaciones que se refieren
a este ámbito son las relativas a los Sistemas de Depósito, Devolución y
Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar "imprecisiones, incoherencias e
interpretaciones ambiguas" de la normativa.
Por ello, se modifica su redacción y se precisa el alcance
de la aplicación de los SDDR. Asimismo, se establece en los casos en los que
las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación
o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de
estos sistemas resulte la más adecuada.
En cuarto lugar, el Real Decreto Ley adapta también la
normativa para la subasta de derechos de emisión, con lo que se reforma la Ley
del Mercado de Valores con el objetivo de adaptar la normativa española a la
europea y permitir de este modo el nuevo sistema de subasta de derechos de
emisión de CO2.
Finalmente, la adaptación normativa impulsa el acceso de las
empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera
"competitiva e igualitaria" con el resto de Europa, todo ello en el
marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.
Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán
durante el segundo semestre de 2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir
de 2013. La UE en su conjunto subastará en 2012 un volumen de 120 millones de
derechos de emisión, de los cuales a España le corresponde subastar algo más de
10 millones.
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